Tiro Libre
Anwar Moguel
Novedades Chetumal
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Como chile habanero en herida abierta le ardió al gobierno de Campeche, encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, la inauguración de la obra para dotar de agua potable a las comunidades limítrofes de San Antonio Soda y Caobas realizada por el gobierno de Quintana Roo en cumplimiento de una orden judicial a favor de los habitantes de esas poblaciones.
Ostentándose como vencedor de un pleito añejo sobre el cual aún no hay una decisión final, el gobernador campechano lanzó a una de sus diputadas locales leales, Marina Sánchez Rodríguez, a fustigar el acto de justicia realizado por el gobierno de Carlos Joaquín González, reavivando la llama del conflicto.
“Desde el Congreso del estado exigimos al gobernador de Quintana Roo respetar la soberanía territorial de Campeche, dejar la necedad de pelear algo que no le corresponde y acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, fue la bala mediática lanzada por la legisladora del vecino estado, quien a su vez defendió la supuesta “atención” de su gobernador a esas comunidades que, según ella, pertenecen al municipio de Calakmul.
En su intento de atraer reflectores y ganarse el apapacho de Moreno Cárdenas, la diputada campechana solo exhibió su tremenda ignorancia, ya que para empezar el gobierno quintanarroense no tenía opción de negarse a realizar esa obra que costó más de 50 millones de pesos, pues esta fue ordenada por un juez federal.
Por otra parte, mientras presume y grita a los cuatro vientos que esas comunidades están bien atendidas por el gobierno de Campeche, la realidad que se vive en la zona limítrofe desnuda la mentira, ya que el clamor por contar con agua potable en San Antonio Soda y Caobas tiene más de dos décadas.
Así las cosas, la provocación no es del gobernador quintanarroense, sino del mandatario campechano que sintió que le apedrearon el rancho y abrió fuego sin medir las consecuencias.
Porque el mensaje fue acusado de recibido por Carlos Joaquín González, quien puntualizó que al ser un juzgado federal quien ordenó al gobierno quintanarroense la edificación de esta obra, está implícito que se reconoce a esta zona como parte del territorio estatal.
Le enmendó la plana a la esbirra de “Alito” al recordar que no existe una sentencia definitiva sobre este lío limítrofe y manifestó que seguirán respaldando y atendiendo a los habitantes de esa zona como quintanarroenses que son.
Con este toma y daca de declaraciones las tibias brasas del viejo conflicto han regresado al rojo vivo, abriendo la puerta a nuevas acciones para reactivar la abandonada defensa territorial, porque Carlos Joaquín dejó claro que la moneda está en el aire y que Quintana Roo no ha tirado la toalla en la defensa de su territorio, aunque les duela a los campechanos.
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