Tiro Libre | Anwar Moguel
La actual senadora Marybel Villegas oculta, por ambición política, su responsabilidad directa en la ampliación de la concesión a Aguakán que mantiene prácticamente como rehenes a gobierno y usuarios del servicio de agua potable en Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad.
Saltimbanqui de uno a otro partido político según le favorezca, Villegas intenta ahora manipular, a quien se deje, con su “cruzada anti Aguakán”, ocultando que fue cómplice de Roberto Borge en la prórroga anticipada de la concesión y, por ende, del millonario desvío que enriqueció al exgobernador y desfalcó a la paraestatal Capa.
Ella, actualmente senadora, ordena a los nuevos diputados del Congreso de Quintana Roo a secundarla en sus planes como parte de su campaña, bastante anticipada, a la gubernatura.
En el afán por atraer potenciales votos acusa, con descaro, que “se mantiene en la impunidad” el destino de los más de mil millones de pesos que Aguakán pagó al exgobernador para que los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres renovaran anticipadamente la concesión hasta el 2053 y para incorporar en dicha privatización a Solidaridad, dictamen que, oculta, fue probado por ella cuando era diputada local.
En 1993 el gobierno estatal, presidido entonces por Mario Villanueva Madrid, otorgó la concesión a Aguakán por un periodo de 30 años que podrían ser prorrogables a otros 30 años.
En 2014, cuando Villegas y otros diputados del PRI aprobaron la prórroga anticipada, había antecedentes de sobra de los malos manejos e incumplimientos de la concesionaria. Pero actuaron con alevosía y ventaja contra los usuarios del servicio y permitieron uno de los mayores desfalcos en la entidad.
Aguakan pagó a Borge mil 50 millones para conservar la concesión. El depósito bancario fue a una cuenta de CAPA y después a la tesorería estatal, donde se perdió el rastro del dinero. El destino de ese dinero es parte de la investigación que abarca al ex tesorero de Borge, Juan Pablo Guillermo Molina, acusado de desviar más de mil 400 millones de pesos.
Esa investigación debería involucrar a los diputados que aprobaron la transacción, como Marybel Villegas, quien, sin vergüenza, acusa ahora “impunidad”…
Su complicidad quedó estampada de forma indeleble con su firma en el dictamen que posibilitó el desvío millonario y debería, por tanto, investigarse cuánto recibió a cambio. ¿Acaso la residencia en el exclusivo conjunto Lagos del Sol que no declaró en sus bienes patrimoniales pero estrenó por aquellas fechas?
Así como dice: no debe quedar impune.
