Astillero | Julio Hernández López
La Jornada
Jaime Bonilla Valdez fue candidato morenista a gobernador de Baja California por voluntad imperiosa de Andrés Manuel López Obrador. La relación entre ambos es de años atrás, aderezada por el gusto en común por el beisbol y sostenida por una relación de mutua conveniencia:
Bonilla es un empresario con vocación política (negocios propios, algunos relacionados con medios de comunicación en Baja California y en California) y AMLO durante mucho tiempo fue un político necesitado del apoyo de empresarios inversionistas como el citado Bonilla, quien llegó a ser diputado federal y senador, pasando de una breve estancia en un escaño a ser superdelegado en BC y, de ahí (pionero en el tránsito de esas superdelegaciones a las candidaturas tan previsibles), fue postulado para gobernar la entidad que durante tres décadas había estado bajo dominio panista./
Aún cuando originalmente se consideraba que la elección de gobernador de 2019 sería para cinco años de duración (con lo cual se empataría el calendario en 2024, cuando confluirían los comicios estatales y los federales), diversas argucias de los opositores a Morena llevaron a la decisión de que este vez fuese una minigubernatura de dos años la que se eligiera. Bonilla, con el pleno apoyo de AMLO, ganó con amplia ventaja sobre el PAN, pero con una muy baja participación de votantes (el comisionado de Palacio Nacional para llevar esas elecciones fue el electoralmente habilidoso Leonel Godoy, quien fue gobernador de Michoacán y presidente nacional del PRD; una de sus tareas fue descarrilar a Jaime Martínez Veloz). Haiga sido como haiga sido, el binacional Bonilla (quien fue militante del Partido Republicano y funcionario en California) fue declarado gobernador por dos años./
Pero la tentación de extender el periodo original de mando se mantuvo presente, hasta desembocar en una sesión del congreso estatal de Baja California, con mayoría panista, que aprobó la propuesta morenista de ampliar el periodo de ejercicio gubernamental en tres años para que Bonilla gobierne en total durante cinco. Desde el 31 de mayo, Benjamín Gómez Macías, el diputado priista que preside la directiva de esa congreso, aceptó que había recibido el ofrecimiento de cargos públicos, y hasta un millón de dólares, si convocaba a sesión camaral para aprobar la extensión del periodo de Bonilla. En presencia del candidato priista a gobernador y de un consejero estatal del partido tricolor, se aseguró que quien había hecho ese ofrecimiento era el subsecretario federal de Gobernación, Ricardo Peralta (encargado de trabajos rudos), quien días atrás había sustituido a Zoé Robledo (https://bit.ly/2XGGOxO)./
Finalmente, la sesión tan anhelada por el morenismo-bonillista se realizó, de noche. Con prontitud, se aprobó la extensión del periodo de gobierno, al mismo tiempo que el saliente gobernador panista, Kiko Vega, recibía un regalo transexenal, pues uno de los suyos, Carlos Montejo, será el auditor superior del estado, encargado de revisar y eventualmente consignar irregularidades en las cuentas de su jefe Vega (https://bit.ly/30yajiG).
Negocio redondo: tres años más para Bonilla y un guardaespaldas para Kiko./
No solo el desaseo operativo, sino la ambición política desbordada y los riesgos de que esas “exploraciones” abran paso a decisiones parecidas en otros niveles (el presidencial, sobre todo), han generado un rechazo en ciertos segmentos opositores a Morena y AMLO, pero también en personalidades cercanas en diversos grados a este movimiento y partido en el poder: Cuauhtémoc Cárdenas escribió en La Jornada un texto sin concesiones:
“Con esta resolución se atropella la voluntad ciudadana, se viola la ley en su espíritu y letra (por más que el voto legislativo se haya dado según procedimientos establecidos en la ley local), se rompe el orden republicano y se lesiona gravemente nuestra aún incipiente democracia”. Tatiana Clouthier ejerció una crítica similar y dijo estar dispuesta a encabezar acciones políticas y jurídicas para oponerse a esta tentación de extender poderes en curso.-
La postura de Cárdenas es la más vigorosa que ha tenido a lo largo de esta etapa de poder obradorista pleno. Aún cuando no es un opositor en sí del proceso autodenominado Cuarta Transformación, ha mantenido una postura moduladamente lejana (aunque uno de sus hijos, Lázaro, exgobernador de Michoacán al igual que su padre, uno de sus tíos y su abuelo, es coordinador de asesores de la Presidencia de la República). Ahora ha encontrado en el caso bajacaliforniano una oportunidad de acerar la pluma y convocar a una lucha ciudadana./
Clouthier, diputada federal llegada al cargo en el contexto del movimiento obradorista, del que fue vocera y polemista destacada (no coordinadora de campaña, aunque el título acordado así lo estableciera), también mantiene una calculada distancia respecto a, cuando menos, el dominante círculo más cercano al oído andresino.
No aceptó ser subsecretaria de Gobernación (lo cual la habría sumido en la misma opacidad en que se mueve quien quedó en su lugar, Diana Álvarez Maury, “terapeuta de transmisión de energía cósmica”) y prefirió quedarse con el regulable rango de libertad política que se deriva de su curul. En tal condición, se ha movido sin ataduras cuasipartidistas (no es de Morena, pero forma parte del grupo de legisladores llegados a las cámaras por el obradorismo), como lo está haciendo en el tema de Baja California.
Y, mientras el gobierno obradorista ha hecho saber que es falsa la versión de que vienen en camino grupos de médicos cubanos para sustituir a los mexicanos y, lo peor, según los propagadores de esos bulos, “venezolizar” doctrinal y organizativamente a poblaciones de nuestro país, ¡hasta el próximo lunes!
