A Tiro de Piedra | Julián Santiesteban
SIPSE
Quintana Roo es el destino turístico más importante de Latinoamérica, su población se ha multiplicado 17 veces en poco más de 40 años de existencia como entidad federativa y aun así su infraestructura de movilidad no ha evolucionado de acuerdo con la demanda real, por lo que las principales ciudades del estado presentan un creciente problema de movilidad que, de no atenderse, pone en riesgo la competitividad del destino.
Con una población de un millón y medio de habitantes, entre los indicadores estatales se muestra que existe un padrón de medio millón de vehículos, lo que significa que uno de cada tres pobladores cuenta con una unidad móvil para trasladarse diariamente, a las que se suman las de los turistas que llegan por carretera a la entidad. Haciendo un cálculo simple, si uno de cada ocho turistas que arriban a la entidad, lo hicieran por carretera, anualmente circularían las carreteras estatales un millón más de vehículos; evidenciando la incapacidad que tiene la infraestructura actual para soportar la carga vehicular que ya se presenta.
Con eso como contexto, queda claro que hay temas mucho más urgentes en materia de movilidad que la operación de Uber en Quintana Roo; ciertamente es un tema importante, pero no atender el tema de infraestructura representará en los próximos años el colapso vial en lugares como la zona hotelera de Cancún, en donde durante más de dos décadas se ha postergado la construcción de los puentes elevados sobre la Laguna Nichupté; recientemente ha habido información en el sentido de que de retomaría el proyecto como una asociación público privada (ojalá el beneficiario no resulte ser cierto ex gobernador quintanarroense, que andaba desde 2014 en pos del proyecto).
Y es justamente esta parte la que nadie parece ver en la Ley de Movilidad que estará por aprobarse, pues su entrada en vigor posibilitará la creación del Instituto respectivo, que realizará los estudios que determinarán las necesidades actuales de infraestructura en las diferentes ciudades quintanarroenses.
Si la norma entra en vigencia, a partir de 2019 comenzará a operar la señalada institución, pero es importante que los ciudadanos asuman la movilidad como una condición integral, que se analice que la normatividad que se apruebe y la infraestructura que se construya mantendrán la competitividad turística de la entidad, se insiste en que la operación o no de plataformas digitales que brinden el servicio de transporte es tan sólo una de las vertientes de la señalada norma.
Y es que la responsabilidad de las autoridades pasa no sólo por la administración adecuada de los recursos públicos, sino con la proyección adecuada de las necesidades sociales; así que independientemente de las disputas entre Uber y taxistas, la ley resulta urgente; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
