Astillero | Julio Hernández López
Quintana Roo Hoy
La abogada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas (así era mencionada, con los apellidos de su esposo, en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: https://goo.gl/rLKwEg ), es titular de una notaría pública a cuyo ejercicio directo ha solicitado licencia cuando ha sido menester (la 182, en la calle Prado Sur de las Lomas de Chapultepec: https://goo.gl/fgpzWU). Ministra en retiro de la citada Suprema Corte, senadora electa y, si todo transcurre como ha sido anunciado, secretaria de Gobernación a partir del próximo uno de diciembre.
Como ministra en retiro, según lo publicado en el portal de Aristegui Noticias por el especialista Ernesto Villanueva, recibe desde 2015 una pensión de 258 mil pesos mensuales, más gastos de representación y el pago de cinco asistentes con sueldos promedio de 40 mil pesos cada cual. Sobra decir, ha comentado Villanueva en ese texto, que “salvo las cuestionadas pensiones de expresidentes, las prestaciones más cuantiosas son precisamente las de los ministros de la SCJN. Se trata de más del 1000% de las más altas pensiones que otorga el ISSSTE a los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal, y en el Legislativo no existe esa figura.
Este sábado, la ministra en retiro Sánchez Cordero declaró que ya había explicado a su jefe, si es que acepta la secretaría de Gobernación, la inconstitucionalidad de la pretensión de reducir los sueldos de jueces, magistrados y ministros. Aún así, a pesar de una explicación histórica y jurídica de la improcedencia de esa disminución salarial, López Obrador “insistirá” en el tema, según adelantó la jurista.
López Obrador postuló a Sánchez Cordero para Bucareli como un gesto de amplitud política: ella ingresó a la Corte como parte del grupo impulsado por el entonces presidente Ernesto Zedillo para realizar, mediante un golpe de mano, una reforma en la integración y funcionamiento de la Corte (donde duró veinte años como ministra en activo). Enrique Peña Nieto la postuló para ser diputada a nombre de Los Pinos en la pasada asamblea constituyente de la Ciudad de México. E incluso la invitación a encaminarse a Gobernación la tomó mientras era miembro del consejo de administración del Grupo Financiero Banorte, propiedad de los herederos de Roberto González, fundador de Maseca, ahora fusionado el banco correspondiente con Interacciones, de los hermanos Hank González (el dos de agosto de este año renunció al cargo en el consejo de administración).
La ministra asumió su cargo de consejera independiente del grupo financiero el 22 de abril de 2016, a menos de cinco meses de haber dejado la Corte, lo que había sucedido el 30 de noviembre de 2015, en un giro polémico que ha sido señalado como violatorio de las disposiciones del ramo, aunque sin sanción aplicable.
En sentido contrario de la postura de Sánchez Cordero (cuya hija, Paula García Villegas Sánchez Cordero es magistrada de circuito), el constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia, de largo activismo crítico en las filas del obradorismo, ha tuiteado: “La contradicción del artículo 94 -prohíbe reducir el salario de los jueces durante su encargo- y el 127 -nadie puede ganar más que el presidente- se resuelve a favor del último, porque atiende al republicanismo y a la justicia: las diferencias entre los demás y los ministros”. También escribió: “La @SCJN no podrá con la presión social. Tendrán que ajustar sus percepciones a lo establecido en el artículo 127 constitucional. La ilegitimidad por su cerrazón puede ser la causa de una reforma a su composición y organización. La independencia judicial no significa privilegios”.
¿Preferirá AMLO cerrar el capítulo con los ahorros anunciados en la Corte (5 mil millones de pesos), sin que la élite judicial baje sus salarios? ¿Buscará cambiar el artículo 94 constitucional? ¿Intentará una reforma al Poder Judicial de la Federación? ¿Sánchez Cordero optará por el Senado o por Gobernación?
Ha regresado a la escena panista el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés. Aplausos le brindaron en una sesión del consejo nacional del partido de blanco y azul, en la que se analizó el pasado proceso electoral; pero sin cargar la tinta contra el político queretano. Además del trato terso a quien algunos suponían se crucificaría por el fracaso del frente experimental que Acción Nacional armó con los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, volvió a mostrarse el estilo Anaya, de control pleno de los movimientos internos de ese partido que renovará su dirigencia nacional, bajo el manejo de una comisión de siete militantes panistas de los cuales cinco son anayistas.
En esta sucesión en el poder panista, no tiene ninguna viabilidad el calderonismo como tal, que desde 2010, con Felipe Calderón en Los Pinos, fue desplazado del timón partidista. Y el gobernador tras bambalinas de Puebla, Rafael Moreno Valle, senador electo, continúa jugando a la derrota gananciosa, postulándose como aspirante a presidir el PAN, competidor ya especializado en apostar a lo alto para luego negociar compensaciones en la prevista derrota.
Astillas: Reunido con Ricardo Monreal, quien volverá a ser legislador federal, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no dará línea a otros poderes. En el caso del Senado, con el zacatecano como coordinador de la bancada dominante, el tabasqueño no necesitará tirar línea, pues ambos han sostenido una larga relación de entendimiento (y un grave desentendimiento en el caso de la candidatura a gobernar la Ciudad de México) ya casi sin necesidad de palabras… Y, mientras ha cambiado la denominación de los “coordinadores estatales” del futuro gobierno obradorista, para quedar en “delegados de programas integrales de desarrollo”, los cuales deberán levantar censos electorales, perdón, gubernamentales, casa por casa, familia por familia, de las necesidades a atender.
