Bitácora del Director | Pascal Beltrán del Río
Excelsior
La cortesía que el próximo gobierno extendió al presidente venezolano Nicolás Maduro para asistir a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador está galvanizando a la endeble y difuminada oposición que dejaron las elecciones del pasado 1 de julio.
En apenas tres días, una petición lanzada por la panista Mariana Gómez del Campo en la plataforma change.org para repudiar la visita de Maduro había generado más de 43 mil firmas de apoyo.
Si el número de adhesiones crece al mismo ritmo durante los 32 días que restan antes de la asunción de López Obrador, podría rebasar el medio millón. Sería una cifra nada despreciable si consideramos que 748 mil personas decidieron el futuro del nuevo aeropuerto mediante su participación en la consulta.
El presidente electo ya ha dado cuenta que le gusta tomar en cuenta la opinión de la gente y tiene en muy alta estima a las “benditas redes sociales”.
Sería extraño, pues, que se hiciera de oídos sordos respecto de la forma en que los mexicanos se han manifestado en dichas redes desde el pasado fin de semana –con el hashtag MaduroNoEresBienvenido– para repudiar la visita a México del mandatario venezolano, quien se ha convertido en un paria en el vecindario latinoamericano por las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad regulares e irregulares del régimen.
Esta misma semana, esas fuerzas han sido señaladas de haber llevado a cabo un par de masacres este mes en Tumeremo, una remota población del estado de Bolívar –cerca de la frontera con Guyana–, donde, a decir de reportes periodísticos, hubo una incursión militar para retirar a las bandas delincuenciales el control de las minas de oro a fin de poner al frente de ellas a integrantes de la guerrilla colombiana conocida como Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De acuerdo con información que ha subido a Twitter el diputado opositor Américo de Grazia, el régimen chavista cortó su relación con los “pranas”, a los que había armado para controlar las minas de oro –y que sembraron de muerte la región en 2016–, para sustituirlos con efectivos del ELN.
“La gran perdedora de esa negociación del ELN y Maduro es Venezuela”, tuiteó el diputado De Grazia el domingo. “Se traduce en genocidio, ecocidio, desplazados, pérdida de soberanía. Es como contratar a Bin Laden para que nos cuide del terrorismo”.
Agregó: “El compromiso político con el ELN es servir de ‘infantería de choque’ ante una posible intervención foránea. Por eso los ubican estratégicamente por (los estados de) Amazonas, Apure, Táchira y Zulia (frontera con Colombia) y Bolívar (Guyana/Brasil)”.
La llegada de esos combatientes a Tumeremo –con sus camisolas negras y la insignia del Che Guevara– ha sacado a la luz la relación del gobierno venezolano con las narcoguerrillas colombianas: las FARC, desmovilizadas en su propio país por el proceso de paz, y el ELN.
Ayer preguntaba en este espacio qué podía ganar el nuevo gobierno asociándose con un régimen que no sólo ha violado todas las reglas de la democracia para mantenerse en el poder –como lo hizo con la disolución de la Asamblea Nacional, sustituida por una espuria “asamblea constituyente”–, sino que reprime violentamente a lo que queda de la oposición.
No me queda claro. Hace unos días, Maduro protagonizó un bochornoso incidente en un restaurante de Estambul, donde engulló caras viandas preparadas por un extravagante chef turco. Fue un verdadero insulto a un pueblo que literalmente no tiene qué comer y donde personas desesperadas tratan de intercambiar un auto por un medicamento.
El razonamiento para invitar a Maduro a la toma de posesión es que el nuevo gobierno de México quiere buenas relaciones con todas las naciones. Pero aquí hablamos de un país cuyo gobierno tiene una “impronta criminal”, por citar al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro.
Si la opinión de la gente realmente importa, Maduro debiera ser desinvitado. Entre otras cosas, para que su presencia no se convierta en el foco de la toma de posesión.
BUSCAPIÉS
Pocas veces han estado juntos en público tantos líderes del sector privado como ayer para fijar su posición respecto del tema del nuevo aeropuerto. Estuvieron Juan Pablo Castañón (CCE), Alejandro Ramírez (CMN), Gustavo de Hoyos(Coparmex), Jaime Ruiz Sacristán (BMV), Marcos Martínez Gavica (ABM), JoséManuel López Campos (Concanaco), Manuel Escobedo (AMIS), Enrique GuillénMondragón (Canacintra), José Méndez Fabre (AMIB), Vicente Yáñez (ANTAD), Mónica Flores (Amcham) y Frédéric García (CEEG), Carlos Noriega (Amafore). El mensaje central: los contratos de Texcoco “no son catafixiables” por los de Santa Lucía. Estos últimos tendrían que ser licitados y los primeros, extinguidos.
