Tiro Libre
Anwar Moguel
El golpe fue mucho más duro de lo previsto: ayer, en la “mañanera” de Andrés Manuel López Obrador, la secretaria del Trabajo de la nación, Luisa María Alcalde Luján, reportó la cifra de terror de 346 mil empleos perdidos en el último mes como daño colateral de la pandemia por el Covid-19, de los cuales 63 mil 847 eran puestos de trabajo en Quintana Roo.
No hay nada de raro en que nuestro estado encabece la lista de empleos perdidos, por el contrario, era lógico que, siendo una entidad líder en generación de empleos a nivel nacional y cuya economía depende casi al 100 por ciento del turismo, fuera una de las que más sufriría el impacto económico de la parálisis internacional.
Pero la cifra oficial -que por supuesto no contempla empleos informales, ni autónomos, ni subempleos- superó las estimaciones iniciales que pronosticaban una pérdida de unos 40 mil empleos en el primer mes de la crisis.
Lo preocupante es que se prevé que esa cifra aumente de manera considerable en los meses de abril a junio, sobre todo si las acciones restrictivas para la movilidad social y económica se extienden, como ha deslizado ya en varias ocasiones el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.
El tema se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno de Carlos Joaquín González, cuyos llamados a los empresarios a mantener la plantilla laboral, respaldados por acciones y estímulos concretos a nivel local, no hicieron mella en las grandes empresas turísticas que esperaban, además, un apoyo mucho más claro por parte del gobierno federal.
De hecho, poderosos grupos empresariales como la CMIC y la Coparmex, que han sumado esfuerzos con el gobierno del estado para estirar la liga y mantener sus plantillas laborales hasta donde sea posible, ya han señalado que en estas condiciones podrán sobrevivir, a lo sumo, un mes más.
El dirigente de la Cámara Méxicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Quintana Roo, Diego Cortés Arzola, fue más allá y aseguró que la crisis pospandemia será tan dura que anticipan el cierre de ocho de cada diez empresas del ramo en todo el país, sobre todo después de conocer el plan de reactivación económica del presidente Obrador, que excluyó a las constructoras de las actividades preponderantes.
Lo que queda, dijo, es generar un pacto local para que las obras licitadas por el gobierno estatal y los Ayuntamientos se queden en casa e intentar salvar así este sector, proyecto que plantearán al gobernador en los próximos días.
De lo contrario, estiman que la pérdida de empleos podría cuadruplicarse en los meses por venir.
