Chetumal, 21 de abril
Redacción
En el marco del Foro de Alto Nivel “Retos Legislativos de Quintana Roo”, celebrado de manera presencial y virtual en el vestíbulo del Congreso del Estado, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la XVI Legislatura dio a conocer tres iniciativas para enriquecer la legislación estatal en la materia, producto de la consultoría convocada por esta comisión y el proyecto GIZ/ADAPTUR.
A través del acuerdo de colaboración entre ADAPTUR y el Congreso del Estado, se identificaron los retos legislativos de Quintana Roo en materia de cambio climático, justicia ambiental, cuidado y gestión del agua y turismo sustentable.
El pasado 4 de marzo inició la primera etapa de la consultoría, la cual consistió en una capacitación dirigida a equipos legislativos: secretarios técnicos, personal del Instituto de Investigaciones Legislativas, personal jurídico y de las diferentes áreas del Congreso.
En otra etapa se llevaron a cabo conversatorios virtuales con el objetivo de materializar las propuestas en cuanto a las oportunidades y retos identificados. Para ello, se contó con la colaboración de autoridades federales y expertos en la materia; y con la participación de los diputados presidentes de las comisiones involucradas en los temas.
Entre las iniciativas que surgieron de estas mesas de trabajo, se encuentran: una reforma a la Ley de Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, que propone incluir la definición de “Tratamiento de Aguas Residuales”, la reducción o eliminación de nutrientes disueltos cuya liberación daña la salud de los ecosistemas.
La segunda iniciativa, en términos de turismo sustentable, pretende reformar la Ley de Turismo de Quintana Roo y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para otorgar la facultad al Ejecutivo Estatal de crear las Zonas Estatales de Desarrollo Turístico Sustentable.
La tercera iniciativa propone expedir la nueva Ley Estatal de Responsabilidad Ambiental, la cual enfatiza la importancia de homologar el sistema de justicia ambiental en un régimen unificado de responsabilidad ambiental.
