Chetumal, 17 de abril
Anwar Moguel
El diputado suplente que fungió hasta ayer como presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Esquivel Cruz González, entregó este martes a la Oficialía de Partes del Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley de cuotas y tarifas del agua en Quintana Roo, donde sobresale la propuesta de fijar una tarifa de 100 pesos mensuales por el servicio de agua potable y la cancelación del cobro a quienes no reciban por cualquier circunstancia el suministro del líquido.
El legislador suplente del perredista Emiliano Ramos Hernández, quien retornará a su curul en la sesión del pleno de este miércoles, indicó que en Quintana Roo no existe una tarifa de agua que te otorgue certeza jurídica, además de que consideró que es un estado donde el agua potable es un servicio muy caro en comparación con otras entidades como la Ciudad de México, donde se paga 82 pesos cada dos meses, Yucatán con 62 pesos cada dos meses y Campeche, con 42 pesos mensuales, mientras que en Quintana Roo la tarifa mínima que cobra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) es de alrededor de 150 pesos mensuales.
“El problema del agua en Quintana Roo está en la ley, no en la concesionaria o CAPA, habría que modificar diferentes leyes, como el Draef, que cuando ya estás en crédito fiscal se vuelve una deuda impagable, como si CAPA en lugar de agua te hubiera dado el dinero en efectivo, ya que te cobran interés sobre interés”, manifestó.
Cruz González indicó que es urgente establecer una tarifa fija para el cobro del agua en el estado y que los aumentos del servicio sean nuevamente atribución del Congreso local y no de la CAPA o de la empresa Aguakán, brindando a los ciudadanos la posibilidad de conocer cuándo y cuánto serían los aumentos, que actualmente se aplican de manera discrecional por los organismos que brindan este servicio.
El legislador, quien también es líder del movimiento “Agua para Todos”, afirmó que existen habitantes que a pesar de llevar años sin el servicio de agua potable, los recibos siguen llegando, lo cual es ilógico y ocasiona deudas de miles de pesos que derivan en embargos a los bienes y viviendas de estos usuarios pese a tener cortado el suministro.
