Morelos, 8 de febrero
ESPECIAL
La abogada de Roberto Borge, Sharon Hernández Colín tuvo que interrumpir ayer en audiencia el exgobernador cuando, desesperado y golpeando con el puño, insistía en declararse preso político de EPN y clamaba por ser acogido en el proceso de amnistía de AMLO.
Con la mirada a momentos desorbitada en el rostro pálido y demacrado por los días de encierro, Roberto Borge agotó parte de los 40 minutos que tenía de audiencia para ampliar el plazo de su defensa al declararse “preso político” del gobierno de Enrique Peña Nieto e intentar, desesperado, ser acogido por Andrés Manuel López Obrador dentro del proceso de amnistía que inició el pasado primero de diciembre.
Pocos minutos después de las dos de la tarde del viernes 9 de febrero el exgobernador compareció desde la rejilla del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, y por primera vez desde que fue aprehendido en junio de 2017 hizo uso de la palabra.
“Primero que nada le recuerdo a la audiencia que el 1 de diciembre del año pasado hubo un cambio de Gobierno. En cuanto a mi situación, quiero manifestar que me declaro inocente, preso político de la Administración anterior y hago responsable a la PGR cuando fue dirigida por Raúl Cervantes, porque hubo motivos políticos”, dijo. “No habían podido acreditarme siquiera el motivo del lavado de dinero. Les quiero hacer patente que por lo demás, me declaro inocente y hago un exhorto al señor Fiscal Alejandro Gertz Manero para que pueda (revisar) la causa penal”.
Del uniforme azul sobresalían apenas sus manos. Con la derecha, en puño, golpeaba la mesa de concreto en la que se sostenía atrás de la rejilla. Con la izquierda, abierta, sus dedos golpeaban igual el concreto como si temblaran. La misma posición de las manos que mostraba como manifestación de poder en su foto oficial cuando era gobernador de Quintana Roo.
La audiencia, vía videoconferencia, en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl había sido convocada para ampliar el plazo de la investigación. Su abogada Sharon Hernández Colín tuvo que interrumpirlo para recordárselo; desaprobó que estuviera agotando el tiempo para su defensa con lo que insistía en declarar. “Nada más quiero solicitar esa revisión a las nuevas autoridades de la nueva Fiscalía y decir que me declaro inocente”, agregó el exgobernador.
Finalmente, el juez de control Artemio Zúñiga Mendoza le concedió dos meses más de plazo, que vencen el próximo ocho de abril, para presentar pruebas de descargo contra la imputación de lavado de dinero que causó un daño de 900 millones 99 mil 418 pesos al erario y patrimonio de Quintana Roo.
Los abogados del ex gobernador argumentaron que, por situaciones ajenas a la defensa, había sido imposible reunir todas las evidencias contra la imputación y por ello se vieron en la necesidad de solicitar una prórroga de la investigación complementaria.
