CDMX, 06 de diciembre
Suzzete Alcántara y Juan Arvizu | El Universal
La oposición logró poner en riesgo la viabilidad de la ley que impide que cualquier funcionario público gane más de 108 mil pesos, salario que percibe el Presidente de la República.
La minoría en el Senado alcanzó el 33% necesario para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad y solicitó la suspensión de la medida, por lo que ahora estará en manos de un ministro del alto tribunal conceder o no esa suspensión y llevar el tema a un litigio que podría llevar hasta un año, tiempo que se deberán mantener sin cambio los actuales salarios.
Adicionalmente, la oposición encontró una llave para llevar ante la Corte, con acciones de inconstitucionalidad, las leyes que apruebe la mayoría de Morena. A diferencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, los senadores sí solicitaron además la suspensión.
En caso de ser concedida esa suspensión, el ministro al que le toque el caso estará validando que los sueldos de los funcionarios públicos de los tres poderes, de los órganos autónomos y de los gobiernos estatales permanezcan intactos mientras el Alto Tribunal no emita una sentencia que declare constitucional la citada ley.
La SCJN deberá primero turnar la solicitud de los senadores a uno de los 11 ministros. Después, el ministro al que le toque el asunto deberá decidir si se acepta o no la solicitud. Posteriormente, deberá decidir si al recibirla concede o no la suspensión.
El primer paso es prácticamente un hecho, pues ya existe una solicitud similar, la de la CNDH, que fue aceptada, por lo que el punto relevante es si el ministro concede o no la suspensión, que es lo que impediría la reducción de los sueldos mientras dura el proceso. El artículo 105 de la Constitución requiere que para que la Cámara de Diputados o de Senadores presente ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad, debe contar con al menos un tercio de sus integrantes. En el caso de la solicitud entregada ayer, se presentó con las firmas de 55 senadores de partidos opositores a la mayoría que ostenta Morena.
Ayer, un grupo de senadores de las bancadas del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) anunciaron su solicitud de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, esto para que no se violente la autonomía del Poder Judicial.
El documento, entregado ayer al Alto Tribunal, está firmado por los coordinadores parlamentarios del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; del PRD, Miguel Ángel Mancera; de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; del PAN, Rafael Moreno Valle, y por los demás integrantes de sus bancadas, además del senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza.
Esto para cumplir con el artículo 105 de la Constitución, que obliga a que sea una tercera parte del Senado o de Diputados la que presente una acción de inconstitucionalidad.
El senador Juan Zepeda (PRD) señaló: “Estamos de acuerdo en que el Ejecutivo se mantenga, incluso el Legislativo, en cuanto a la Ley de Remuneraciones, pero en el tema Judicial nos llama la atención por ser autónomo y uno de los tres poderes que establece la Constitución”.
Por lo anterior, dijo que el Ejecutivo por ninguna manera puede decidir por el Poder Judicial y esa es la razón por la que están sustentados “nuestros alegatos”, ya que la Constitución así lo establece.
En un comunicado, el grupo parlamentario del PRI sostuvo que el recurso jurídico en contra del decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones es porque la norma “violenta la división de poderes”, y porque si bien están a favor de acabar con los privilegios y gastos excesivos donde los haya, “no debe servir de pretexto para que el Ejecutivo se quiera situar por encima de los otros poderes y lesione los derechos humanos y laborales de los trabajadores”.
El PAN afirmó que la ley de remuneraciones “transgrede” los principios constitucionales de división de poderes, tanto en la “autonomía presupuestaria”, como en la independencia del Poder Judicial, y la soberanía de las entidades federativas; “estamos a favor de la austeridad; sin embargo, se debe salvaguardar la división de poderes”, indicó.
