CDMX, 26 de octubre
Paulo Castillo | Excelsior
Un total de 201 mil 558 unidades económicas en México, que representan 13.1% de aquellas que declararon haber sido víctimas de delitos en 2017, decidieron cancelar sus planes de expansión por haber padecido directamente la violencia, es decir eliminaron sus planes de inversión, se desprende de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
Se trata de “un cambio en el comportamiento empresarial que sí tiene una afectación directa sobre el crecimiento económico y el empleo del país”, explicó en entrevista con Excélsior Adrián Franco, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi.
Por entidad federativa, las que presentaron mayores tasas de cancelación de inversiones debido a que fueron víctimas de la violencia fueron Guerrero con 29.5%, Veracruz con 29.1%, Morelos con 27.1%, Zacatecas con 25.5% y Tlaxcala con 23.6%; en tanto que las que registraron menores proporciones fueron Sinaloa (5.1%), Jalisco (5.3%), Estado de México (6.9%) y Querétaro (7.4%) de las unidades económicas víctimas).
Los datos de la encuesta señalan que la distribución de los negocios que detuvieron sus inversiones fue así: 192 mil 571 fueron microempresas, 7 mil 452 fueron pequeñas empresas; mil 45 fueron medianas y los 490 restantes fueron grandes compañías.
El Inegi reportó que un millón 541 mil empresas en el país fueron víctimas de delitos en 2017, lo que representó 33.7% del total, además que los costos asociados a los actos ilegales fueron de 155 mil 775 millones de pesos.
COMPORTAMIENTO
De acuerdo con Adrián Franco, la Encuesta Nacional de Victimización muestra que debido a que fueron víctima de delitos y/o al miedo que sienten por la inseguridad, las empresas también han adoptado otro tipo de cambios de comportamiento.
La afectación no deja de ser menor, pues además de cancelar inversiones, las empresas adoptan otro tipo de prácticas que inciden directamente en la actividad económica, tales como reducir horarios de producción, en el que 18.2% de las empresas víctimas decidieron hacer esto; dejar de hacer negocios con otras empresas con 6.3%; o cancelar rutas de distribución o ventas con 4.5% del total de las firmas que fueron víctimas”.
Por lo anterior, Franco enfatizó que “la victimización de las empresas tiene costos directos en el empleo, la producción y comercialización de bienes y servicios”.
Sobre los cerca de 156 mil millones de pesos que costó la delincuencia a las empresas en 2017, el funcionario del Inegi puntualizó que “no se puede afirmar que sea un dinero que no se añade a la economía. Buena parte de ese gasto es en medidas preventivas, es decir se va a sectores asociados a alarmas, cerrojos, seguridad privada o la construcción. Incluso aquel dinero que es costo directo de actos delictivos también puede entrar a la economía cuando el delincuente lo usa para adquirir bienes y servicios”.
INFORMALIDAD
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Inegi también muestra que 811 mil 99 unidades económicas, equivalentes al 17.8% del total, declararon que el comercio informal y/o de productos ilegales afecta directamente la operación de sus negocios.
Aquí, las microempresas, con 18% de su total, y las empresas del sector comercio, con el 24% del total, fueron las que declararon ser las más afectadas.
Asimismo, 460 mil 70 negocios expresaron haber sido víctimas de actos de vandalismo, lo que representa 10.1% del total de unidades económicas del país.
En total fueron reportados 872 mil 165 actos vandálicos en las empresasvíctimas.
