Chetumal, 9 de marzo
Especial
Los señalamientos en contra del secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella, por parte de Florian Tudor y socios, tendrían como objetivo generar encono entre los ámbitos federal y estatal, desprestigiar el trabajo que realiza la SSP contra la delincuencia organizada, perjudicar los procesos penales y, en general, obstaculizar las investigaciones abiertas a este grupo, acusado de robo de información bancaria y clonación de tarjetas de bancos.
En el pasado, Florian Tudor logró cooptar a autoridades estatales y federales de administraciones previas para evitar investigaciones en su contra. Por tanto, no se descarta que haya tenido injerencia para impulsar una campaña de desprestigio y persecución política en contra del secretario de Seguridad Pública y otras autoridades del ámbito estatal, como forma de presión para obstaculizar las investigaciones en su contra.
Tampoco se descarta que la investigación en la Fiscalía General de la República y la campaña de desprestigio en medios esté respaldada por opositores políticos locales y nacionales que intentan sacar provecho de una acusación en contra de la SSP-Quintana Roo.
Tudor y otros de sus asociados denunciaron a Capella ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC-FGR) y en una carta abierta en medios, como directamente responsable de los operativos federales en su contra. La FECC-FGR abrió una carpeta de investigación y solicitó la comparecencia del funcionario estatal para investigar las acusaciones.
En la investigación también se incluye la implementación de la Policía Quintana Roo (modelo de mando único) sin que se conozca el motivo por el que se investiga el sustento legal que justifica sus actividades. En esta investigación se pasó por alto que la responsable de estas investigaciones es la propia FGR.
Tudor actualmente es identificado como líder de una banda criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y otros delitos perseguido por los gobiernos estadounidenses y rumano. Las actividades ilícitas de las que se le acusa están sustentadas en condenas en su contra en el extranjero; investigaciones oficiales en México y el extranjero; e investigaciones periodísticas realizadas en México, Estados Unidos y Rumania.
En este caso, la SSP-Quintana Roo sólo ha colaborado con las autoridades federales y, por tanto, no incurrió en ninguna irregularidad en torno a las investigaciones del ámbito federal que le siguen a Tudor y socios.
La SSP-Quintana Roo nunca participó de manera directa en el cateo o aseguramiento de propiedades de Tudor; solamente participó, por solicitud de la FGR, en el resguardo de uno de los inmuebles después de finalizado el cateo. Tampoco se encontraron indicios que sugirieran que SSP-Quintana Roo haya tenido injerencia directa o indirecta en la decisión de la FGR de perseguir a Florian Tudor.
Además de las acusaciones en contra de Alberto Capella, se identificó un interés no legítimo por parte de la FECC-FGR en evaluar el funcionamiento y sustento legal de la Policía Quintana Roo (modelo de mando único), que sugiere que existe un interés de desprestigiar dicho modelo policial por motivos políticos respaldado por opositores locales y nacionales.
ANTECEDENTES
El 30 de marzo de 2019, elementos de la SEDENA y de la Policía Municipal de Puerto Morelos detuvieron a Florian Tudor y Adrán Nicolae Cosmin —en ese entonces, de 42 y 37 años— cuando transitaban sobre la carretera estatal Ruta de los Cenotes en Puerto Morelos. Ambos fueron detenidos en un punto de revisión portando una pistola escuadra y cartuchos útiles, además de divisas y moneda nacional, en efectivo, con un valor equivalente a 464 mil pesos. Por estos hechos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Aparentemente ambas personas fueron puestas en libertad sin que se conozca el motivo.
Los días 11, 12 y 14 de mayo de 2019, agentes del Ministerio Público Federal, y elementos de la Policía Federal y SEMAR cumplimentaron una orden de cateo emitida por Juez Federal en tres domicilios ubicados en Benito Juárez y uno más en Puerto Morelos.
La orden de cateo fue emitida como parte de la carpeta de investigación por delitos federales (FED/QR/CUN/0000151/2019) por presunta clonación de tarjetas bancarias. En el operativo sólo participaron Fuerzas Federales —la Policía Quintana Roo se limitó a resguardar los inmuebles después de haber concluido las diligencias. Los inmuebles afectados fueron los ubicados en: (a) Calle de Róbalo número 52, SM 3; (b) Av. Cobá número 38, SM 26 (domicilio de “Bookers Travel & Adventure”); ambos en Benito Juárez y (c) un predio ubicado en el kilómetro 22+400 de la carretera Ruta de los Cenotes, Puerto Morelos. En el operativo se logró la captura de cuatro personas —dos de nacionalidad rumana y dos procedentes de Tabasco— así como el aseguramiento de evidencia en la agencia de viajes “Bookers Travel & Adventure”.
PERFIL DE FLORIAN TUDOR
De acuerdo con las investigaciones del ámbito federal, Florian Tudor (a) “Rechinu”, es el presunto líder de una banda criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y tiene aparente participación —como administrador, propietario o accionista— en las empresas “Intacash” y “Bookers Travel & Adventure”. Los actuales asociados conocidos son Adrian Nicolae Cosmin —presunto operador de Florian Tudor detenido en 2011 por clonación de tarjetas bancarias en Jalisco—, Chakib Naif I. Al Boustany y Sandu Ioan Laurientiu.
Otra mujer, posiblemente relacionada es Itna Marian Romana —previamente vinculada a Adrian Nicolae Cosmin en la clonación de tarjetas en 2011. Un asociado previo fue Marcu Aurelio Sorinel, asesinado el 11 de junio de 2018 por Sandu Ioan Laurientiu. De acuerdo con medios locales, su asesinato ocurrió en un intento de secuestro de un empresario. Sin embargo, fuentes del Gobierno de Rumania indican que fue citado por Florian Tudor después de haber abandonado el grupo criminal y asesinado para evitar que revelara información sobre sus actividades ilícitas a autoridades. Marcu Aurelio Sorinel era perseguido por las autoridades rumanas tras ser condenado en rebeldía a ocho años en prisión por tentativa de homicidio en la ciudad rumana de Caiova. También se atribuye a la banda criminal la participación en operaciones de trata de personas, principalmente de origen rumano.
Florian Tudor y el grupo criminal que lidera actualmente son investigados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) del Gobierno de Estados Unidos y la Dirección de Investigaciones a Infractores del Crimen Organizado y Terrorismo de Rumanía.
El grupo criminal tiene su base de operaciones en Cancún, pero sus actividades criminales se extienden a Estados Unidos, Paraguay, Rumanía, India e Indonesia. De acuerdo con el Gobierno de Rumania, el dinero que se obtiene de forma ilícita es blanqueado en ese país. En ese sentido, se han detenido a cinco personas y asegurado inmuebles en las ciudades de Craiova y Bucarest así como otros en el condado de Doji adquiridos con dinero de procedencia ilícita. De acuerdo con una investigación realizada por la agencia periodística estadounidense “KrebsOnSecurity” de 2015, la empresa “Intacash” operaba una extensa red de robo de información bancaria en Quintana Roo.
Florian Tudor y otros miembros de “Intacash” instalaron lectores ilegales de tarjetas bancarias (scammers) en cajeros automáticos de sus competidores mediante el pago de sobornos o coacción a técnicos bancarios. Los cajeros comprometidos se encontraban en zonas turísticas de Quintana Roo y podían ser identificados mediante señal Bluetooth con el alias “Free2Move”. Asimismo, los 70 cajeros automáticos de “Intacash” en Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum no presentaban lectores ilegales, pero la información tecleada era registrada y guardada por la empresa para su uso posterior.
“KrebsOnSecurity” asegura que en esa época (2015) Florian Tudor contaba con una red de protección en agencias de seguridad locales que le permitía evitar investigaciones u operativos en su contra o en contra de “Intacash”.
En octubre de 2019, 18 personas relacionadas con “Intacash” fueron detenidos por la FGR en coordinación con el FBI en Los Cabos, Baja California Sur —entre ellos, Claudio Martín Florian, hermano de Florian Tudor, y otras siete de nacionalidad rumana. Junto con Claudio Martín Florian, se detuvo a Jane Hotu, Marusca Ovidiu Tudor y/o Hosingr Radek—con ficha vigente de la Interpol publicada el 22 de mayo de 2019 por diversos delitos de asociación delictuosa—, Constantinescu Enryko-Cezar, Nicola Laurent Iu-Florin, Pencu EleodorNinel, Stoica Cosmin y Leontinescu Dragos-Teodor. La solicitud de extradición en contra de estas personas es por una acusación de fraude bancario en Nueva York, EE.UU., por obtener 20 millones de dólares de forma ilícita.
Florian Tudor también tenía relación con la empresa “Bookers Travel & Adventures” —ubicada en el domicilio Av. Cobá, SM 26, Benito Juárez— en donde se realizó uno de los cateos el 11 de mayo de 2019. Después de varios años de operación (Registro Nacional de Turismo no. 4230050899), la empresa sorpresivamente desapareció aproximadamente un mes antes del cateo, así como su página de internet y perfil en redes sociales.
COMPETENCIAS FEDERAL Y ESTATAL
Los delitos por los que actualmente se investiga y persigue a Florian Tudor y otros presuntos miembros de la organización criminal con sede en Cancún, son competencia de la Federación en términos de la legislación penal federal (Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Instituciones de Crédito y Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos).
El daño patrimonial y moral al que hacen referencia los denunciantes es exclusivamente responsabilidad de la Federación, toda vez que los cateos y aseguramientos forman parte de una investigación abierta cuya resolución es exclusiva de la FGR y está respaldada por una orden de cateo emitida por la autoridad judicial federal.
Además, la FGR mantiene en su posesión el dinero y bienes asegurados, toda vez que éstos son instrumentos probatorios en la carpeta de investigación abierta en su contra.
La obligación del Secretario de Seguridad Pública de informar a la FGR por delitos del fuero federal que hayan sido identificados por la SSP-Quintana Roo no implica de ninguna manera que éste tenga injerencia directa o indirecta en las investigaciones que realiza la FGR.
La participación de la SSP-Quintana Roo en las investigaciones federales se ha limitado a brindar apoyo logístico y de seguridad.
En este sentido, la Policía Quintana Roo sólo estuvo presente durante la detención del 30 de marzo de 2019 y apoyó en el resguardo de un inmueble después de concluido el cateo por la FGR.
