Chetumal, 07 de noviembre
Joel Zamora | SIPSE
Un juez de control concedió tiempo, de hasta tres meses, para que la defensa de Gabriel Mendicuti, exsecretario de Gobierno, prepare sus datos de prueba que serán analizados en la audiencia de fase intermedia.
La defensa podrá agotar este lapso de tiempo o presentarse antes para iniciar con la nueva etapa del sistema acusatorio; misma que servirá para depurar algunos datos que hayan sido probados y aceptar las evidencias que serán expuestas en la siguiente fase.
El exfuncionario, quien goza de una medida cautelar por resguardo domiciliario, se presentó ayer en la sala seis del Juzgado Penal Oral, aproximadamente a las 08:30 horas; la audiencia fue presidida por Fernando León Chávez, Juez de Control.
De acuerdo con el procedimiento realizado ayer, que duró menos de una hora, los fiscales y la defensa lograron obtener que el juez Penal otorgue el plazo establecido, debido a que uno de los argumentos que se vertieron es que se trata de muchos tomos para analizar en la fase intermedia.
La idea de la defensa es agotar todo el tiempo posible, para preparar bien al imputado antes de entrar a la segunda fase, debido a que representa la antesala al Juicio Oral.
El día 20 de septiembre, Gabriel Mendicuti fue requerido ante el Juzgado Penal y lograron que se aplazara la comparecencia hasta el día de ayer; donde obtuvieron más tiempo.
En esta etapa, los fiscales ofrecerán los medios de prueba que están incluidos dentro de la carpeta administrativa 151/2017, iniciada por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.
También será necesario que ambas partes viertan sus argumentos para lograr algunos acuerdos probatorios; es decir, son elementos que no serán tocados en el Juicio Oral por estar debidamente acreditados. Pueden ser direcciones, nombres o elementos como los parámetros de la función de Mendicuti cuando estuvo en las filas del gobierno de Roberto Borge Angulo.
El exfuncionario lleva un proceso de poco más de nueve meses, luego de su detención el 19 de enero del presente año.
Fue señalado junto con una docena de exfuncionarios estatales del gobierno de Borge Angulo, de haber firmado contratos irregulares en el arrendamiento de aeronaves, las cuales fueron utilizadas por el ex gobernador, su familia y amigos.
