Chetumal, 5 de noviembre
Redacción
Para consolidar entre la sociedad quintanarroense el conocimiento y familiarización del mapa oficial del estado de Quintana Roo y afianzar el sentimiento de pertenencia, el Congreso del Estado exhortó al gobierno estatal y a los 11 ayuntamientos a utilizar el mapa oficial de la entidad, publicado el 9 de abril de 2019 en el Periódico Oficial, en la documentación oficial empleada por sus unidades administrativas, dependencias y entidades, así como en la exposición de sus instalaciones, eventos públicos y plataformas digitales.
En la sesión ordinaria número 18, el Pleno de la XVI Legislatura avaló por unanimidad de los presentes, el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución promovido por los diputados Gustavo Miranda García, José de la Peña Ruiz de Chávez y Tyara Schleske de Ariño, integrantes del grupo legislativo del PVEM.
Para no interferir en la estrategia legal de la controversia limítrofe, las diputadas Cristina Torres Gómez, Lili Campos Miranda y el diputado José Luis Toledo Medina, propusieron establecer en el exhorto, que las acciones a realizar se lleven a cabo con total apego a lo establecido en el incidente de suspensión recaído en la controversia constitucional 226/2019, misma que señala que no procede la suspensión solicitada por Yucatán con relación al decreto 303 expedido por el Poder Legislativo en fecha 18 de febrero de 2019 y publicado por el Ejecutivo en fecha 22 de marzo de 2019, dejando subsistentes los transitorios primero, segundo, tercero y cuarto del referido decreto.
En tribuna, el diputado Gustavo Miranda García, presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos aseguró que el objetivo de esta acción legislativa es que todas las dependencias y los ayuntamientos de la entidad, así como la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y todos los que aman a Quintana Roo, se unan a la defensa del territorio quintanarroense.
“Queremos que este mapa sea conocido, no sólo por todos los quintanarroenses, por todos los jóvenes y los estudiantes, sino también por todos los mexicanos. Hago un llamado a todos para que nos ayuden a publicar y a demostrar el mapa oficial de Quintana Roo, el completo y el bueno”, expresó en tribuna.
En la misma sesión, las diputadas Tepy Gutiérrez Valasis, Linda Cobos Castro, Erika Castillo Acosta, Fernanda Trejo Quijano, Reyna Durán Ovando y Paula Pech Vázquez, así como los diputados Edgar Gasca Arceo, Luis Fernando Chávez Zepeda, Alberto Batún Chulim, integrantes del grupo legislativo de MORENA, presentaron una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley de Participación Ciudadana, en materia de iniciativas ciudadanas.
La propuesta busca reducir los procesos de análisis de las iniciativas ciudadanas y obligar al Congreso a dictaminarlas, a favor o en contra, a más tardar en 120 días.
Además, el diputado José Luis Guillén López, representante legislativo de Movimiento Auténtico Social (MAS), presentó una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de Quintana Roo, en las que propone sancionar de 5 a 8 años de prisión a quien cometa violencia cibernética, es decir, a quien atente contra la dignidad o deshonor de otra, valiéndose de materiales, información, imágenes, mensajes, audios o videos de connotación privada, sin el consentimiento de la víctima.
El legislador también plantea sancionar los delitos cometidos contra la privacidad e imagen personal, a quien cometa una “porno venganza”.
Por su parte, la diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura integrante del grupo legislativo del PRI, propuso adicionar un artículo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para precisar en qué casos y cómo el Pleno determinará cuáles son los asuntos que deban tratarse como de “urgente resolución”.
Mientras que el diputado José Luis “Chanito” Toledo, representante legislativo de Movimiento Ciudadano, propuso que aquellos servidores públicos sancionados por actos de corrupción no puedan volver a acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse nuevamente como servidor público en cualquier empleo o comisión de la administración pública.
Se trata de una iniciativa de reformas a la Constitución local y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para establecer como requisito para poder ser servidor público el no estar inhabilitado permanentemente por actos de corrupción.
Además, Toledo Medina presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para garantizar la participación política de las diputadas integrantes de las Legislaturas y hacerlas partícipes en la toma de decisiones dentro de los órganos de gobierno al interior del Poder Legislativo.
Para ello propone que los coordinadores de los grupos legislativos se alternen entre un diputado y diputada durante un plazo de seis meses, a excepción del grupo que le corresponda presidir la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
