Chetumal, 7 de diciembre
Anwar Moguel
Encabezados por su asesor jurídico, Fernando Malo Ruvalcaba, decenas de motorepartidores de Chetumal se manifestaron en el Congreso local donde exigieron la intervención de los diputados para que sea cancelado el cobro de mil pesos que pretende aplicar el Instituto de Movilidad (Imoveqroo) por la expedición de un permiso anual para que puedan laborar a partir de enero del 2022.
El representante legal del Sindicato Único de Repartidores, Diligencieros y Similares del Estado de Quintana Roo (SURDSEQROO), indicó que pretenden que el Congreso reconozca a las personas que realizan esta actividad dentro de la sexta clasificación del Artículo 86 de la Ley de Movilidad como “servicio de transporte, reparto y diligencias” y no “transporte de carga”, como pretende el Imoveqroo para exigirles sus permisos mediante el pago de una anualidad.
Señaló que los motorepartidores no se niegan a regularizarse para contar con un padrón real de personas que se dedican a esta actividad laboral, pero dijo que la manera en que el Instituto de Movilidad quiere imponer un cobro sin previo aviso, podrá derivar en un amparo y otras cuestiones jurídicas para que sigan laborando.
“Que quede bastante claro, estamos conscientes de la regularización y del pago, no es el cuánto, es el cómo se pretende cobrar, ya que no tiene un fundamento legal este cobro, porque después se pueden generar otro tipo de obligaciones bajo esa mecánica”, explicó.
Indicó que Jorge Pérez, titular del Imoveqroo, pretende vender la idea de que es un “apoyo” ya que el permiso debería costar cuatro mil pesos, pero este monto corresponde a las unidades de carga, mientras que ellos solamente trasladan alimentos o realizan pagos ante instituciones bancarias o de servicios como luz y agua, por lo que consideró deben ser tomados como “diligencieros”.
“No sabemos si este cobro tiene venia del Ejecutivo, pero estamos de acuerdo que este tipo de situaciones se pueden reconsiderar, no estamos pensando en llegar a un cobro obligado y una serie de amparos que nos puedan llevar a asuntos incómodos”, apuntó.
Tras unos minutos de espera, la diputada Erika Castillo Acosta, que preside la Comisión de Movilidad, se comprometió a intervenir para que sea cancelado este cobro, ya que aseguró que es ilegal pues el titular del instituto no cuenta con las facultades para aplicarlo.
