Chetumal, 3 de agosto
Anwar Moguel
Paula González Cetina, ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado (CAPA) en la administración anterior informó este martes que presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo en contra de la Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, y también contra jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por los delitos de daños patrimonial y moral, esto tras haber sido encarcelada acusada de peculado, delito del cual fue exonerada por instancias judiciales federales.
“Fue una acusación absurda, me acusaron de haber transferido recursos de la CAPA que llegaron de la ampliación de las concesiones de Aguakan en Cancún e Isla Mujeres y la de Solidaridad, que se transfirió a la cuenta de la tesorería del gobierno del estado. No hubo beneficio para ningún tercero, todo fue de un organismo del gobierno hacia el mismo gobierno”, explicó.
Consideró su encarcelamiento fue por cuestiones políticas, ya que se trató de un tema y compromiso de campaña, pero lamentó que los jueces que la vincularon a proceso se hayan prestado a estas acusaciones sin sustento por un presunto delito de peculado que la mantuvo privada de su libertad hasta que la instancia federal determinó que ella nunca se benefició de este recurso ni tampoco benefició a otra persona.
“El dinero nunca perdió la calidad de recurso público, no salió del estado, eran cuentas bancarias del propio estado, por estas absurdas acusaciones pasé cuatro meses en el Cereso de Chetumal, luego pasé siete meses en prisión domiciliaria, sin poder salir de casa, y luego fui ganando cambios en la medida cautelar para poder trabajar y generarme un ingreso”, añadió.
Señaló que la fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo y los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Felipe Ortiz Magaña, Gonzalo Segovia Herrera y Eduardo del Valle García, se prestaron a este juego político o de plano fue su falta de capacidad o preparación para poder llevar este caso lo que ocasionó que a pesar de ser inocente, haya sido encarcelada.
Por ello, decidió presentar una demanda para exigir la reparación del daño económico y moral que le causaron a su persona, a su menor hijo y su familia, señalando que los funcionarios involucrados deberán hacerse responsables de sus actos.
“Ya que fui absuelta por un juez federal a nivel local no pasó nada, ni siquiera admitieron su equivocación, luego de la campaña mediática que me realizaron durante todo el proceso”, concluyó.
