Chetumal, 15 de febrero
Anwar Moguel
El abogado Miguel Castilla Gómez, ex director de Participación Ciudadana del municipio de Tulum, denunció una serie de actos de corrupción en los cuales estarían involucrados varios funcionarios municipales del gobierno que encabeza Víctor Mas Tah en Tulum, entre estos la compra fraudulenta de productos por más de 13 millones de pesos.
El quejoso afirmó que dolosamente falsificaron su firma en documentos, solicitudes y contratos, y que al negarse a firmar contratos de “empleo temporal” por un millón 800 mil pesos fue despedido de su cargo en agosto del año pasado.
“Fui despedido por negarme rotundamente a ser partícipe de la manera en que abusan de la autoridad que representan, se enriquecen de manera ilícita con el dinero del pueblo”, fustigó.
Narró que el año pasado estuvo participando en la entrega de Ayuda Alimentaria a las personas de bajos recursos en las comunidades, pero el 27 de junio de 2020 se contagió de Coronavirus, por lo que tuvo que estar en confinamiento por un tiempo, espacio que utilizaron funcionarios municipales de Víctor Mas para falsificar documentos y su firma en millonarios contratos que terminaron en sus bolsas, ya que de la compra de estos productos solo fueron beneficiados unos cuantos.
Acusó que le están adjudicando una deuda de un millón 800 mil pesos por concepto de empleo temporal, asegurando que este dinero se fue directo a sus bolsas.
Por estos hechos, Miguel Castilla presentó una denuncia penal en la Fiscalía del Estado contra el Oficial Mayor Francisco Xiu Manzanero, el Director General de Desarrollo Social, Ernesto Huchim Chi; el director de Participación Ciudadana, José Alfredo Nahuat Chimal; el Director de Desarrollo Social, Manuel Antonio de la Torre Flota, y Víctor Mas Tah en su calidad de presidente municipal, por la comisión de hechos constitutivos de delitos en su perjuicio.
“He presentado una denuncia contra el alcalde y una serie de funcionarios por abuso de autoridad, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público y todo lo que resulte”.
Manifestó que cuando se realiza cualquier entrega de parte de alguna autoridad de gobierno de algún recurso o apoyo para fines sociales se requiere de la formalización de cierta documentación, así como la evidencia fotográfica comprobatoria al momento de recibirlo, evidencia que en estos casos no existe.
Por ultimo mencionó que teme por la integridad de su familia y persona, ya que derivado de la denuncia ante las autoridades ha recibido amenazas de muerte.
“Estamos en el poder y tenemos el poder para callarte”, fue la amenaza que recibió.
