Chetumal, 18 de noviembre
Anwar Moguel
La comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo es nuevamente el blanco de señalamientos de corrupción y complicidad, pues en la edificación de sus nuevas oficinas ubicadas en la avenida Maxuxac de Chetumal, la empresa favorecida con la millonaria licitación usurpó la identidad de un arquitecto chetumaleño en la documentación entregada, delito del que las autoridades del organismo tienen pleno conocimiento sin que hasta el momento hayan hecho algo al respecto.
El arquitecto Sergio Adrián Rodríguez Poot, se enteró por pura casualidad al realizar un trámite ante la Secretaría de Obras Públicas que su nombre estaba siendo utilizado por la empresa constructora Falbo de manera ilegal en la licitación número SEOP-CDH-LPN-PEI-025/19 para la construcción de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos por un monto de 7 millones 449 mil 859 pesos, donde con una firma falsa, aparece como superintendente de la obra, es decir, como responsable directo de los trabajos.
Al percatarse de que su identidad fue suplantada acudió a la Cdheqroo, ya que se trataba de una obra realizada para ese organismo, a fin de entrevistarse con el titular, sin embargo solo se lavaron las manos y dijeron que el problema era de la SEOP y no de ellos. El denunciante, nunca fue atendido por el presidente de la Comisión, Marco Antonio Toh Euán.
Ignorado por las autoridades de derechos humanos, interpuso en octubre de 2019 una denuncia en la Fiscalía estatal por el delito de usurpación de identidad en contra de la empresa “Suministros y distribuciones Falbo” y del empresario Eduardo Eligio Magaña, quien también como persona física utilizó su nombre y falsificó su firma para obtener contratos de obra en los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco.
En la Fiscalía del estado la denuncia ha estado dormitando en un archivo olvidado por más de un año, pese a las claras evidencias del delito que involucra a servidores públicos que por negligencia o complicidad permitieron esta irregularidad. Tras una queja que el afectado interpuso ante el órgano de control interno de la FGE, la investigación empezó a movilizarse apenas en este mes de noviembre.
Por su parte, el órgano interno de control de la Cdheqroo, que también recibió la queja del ciudadano afectado, simplemente le dio carpetazo a cualquier posible investigación usando como pretexto la pandemia, sin importar qué, nuevamente la imagen y el nombre del organismo encargado, supuestamente, de salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos y protegerlos de los abusos de dependencias y autoridades, quede embarrado por un nuevo escándalo de corrupción.
