Chetumal, 17 de agosto
Anwar Moguel
Un grupo de habitantes de la capital del estado exigieron el pago de los gastos ocasionados por el consumo de mariscos en la pescadería “Chetumal” por resultar presuntamente infectados con ciguata la semana pasada, lo que provocó que más de una docena de ellos fueran a parar a hospitales privados de esta ciudad donde aseguran, gastaron alrededor de 60 mil pesos, cada uno de ellos, cantidad que ahora exigen como reparación por los daños ocasionados.
“Somos 56 personas afectadas que compramos productos en esa marisquería del día 5 y hasta el 8 de agosto, fuimos afectados por estar contaminados los pescados con ciguata, en promedio hemos gastado cada uno de nosotros entre 40 a 60 mil pesos en medicamentos, hospitalización y traslados”, señaló uno de los supuestos afectados.
Este lunes alrededor de diez de estas personas acudieron a las oficinas de la Cofepris para externar los problemas ocasionados por el consumo de estos productos del mar en mal estado, quienes afirmaron que ante el temor de contagios de Covid-19 en hospitales públicos la gran mayoría de ellos fueron atendidos en el hospital privado Carranza, en el que incluso todavía están hospitalizados algunos familiares intoxicados.
“Hasta la fecha no hemos tenido ningún contacto con esta empresa de mariscos para saber que va a pasar, ellos desde el miércoles supieron los problemas, la clínica Carranza envió la alerta de contaminación a Cofepris que tenían sus productos, siguieron vendiendo, ¿cuál era la intención de estas personas? Hubo negligencia, queremos que nos cubran los gastos ocasionados”, insistieron.
Al respecto, el director de la Cofepris en el estado, Miguel Pino Murillo, informó que ya fueron colocados los sellos de suspensión al conocido negocio y desde la semana pasada se enviaron a estudio las muestras de los productos para detectar o descartar la presencia de ciguata, salmonela o cualquier otra bacteria.
“Por posible riesgo sanitario se determinó la suspensión del negocio, tenemos 13 casos de personas enfermas, nueve fueron atendidas en la clínica Carranza y cuatro de ellas en el IMSS de esta ciudad, ya se solicitaron los expedientes para iniciar el procedimiento administrativo”, informó.
Señaló que la sanción podría ser una multa que va de 300 a dos mil UMAS (de 24 mil a 160 mil pesos) y en lo que concierne a la reparación de daños que exigen estas personas, es un procedimiento civil, por lo este tendrá que realizarse a través de un juzgado que defina la reparación del daño y el monto de pago a las personas afectadas.
