Chetumal, 16 de julio
Anwar Moguel
“El aplicar una ley seca que prohíba la venta de vinos y licores los fines de semana en la ciudad no creo que sea la solución al problema de aumento de contagios de Covid-19; en Bacalar está la prueba de ello, estuvieron meses con ley seca y continúan los contagios, solo traería afectaciones económicas, despidos de personal y cierre de negocios”, afirmó el presidente de la Unión de Propietarios de Restaurantes, Bares y Similares (Uprobars), Joaquín Noh Mayo.
Dijo no estar de acuerdo con la propuesta de algunas organizaciones integrantes del Consejo Coordinador Empresarial que pretenden que el gobierno del estado aplique la ley seca los días sábado y domingo, pues los empresarios que impulsan esta acción no dependen de la venta de alcoholes y por lo tanto no saben el impacto que tendrá a corto y mediano plazo esta medida.
Además, indicó que la propuesta de prohibir la venta en establecimientos no contempla acciones ni sanciones contra el clandestinaje, que a casi cuatro meses de haber iniciado las medidas restrictivas por la pandemia, la venta por medio de redes sociales y grupos de Whatsapp se ha convertido en un “brillante” negocio, donde según sus estimaciones existen al menos 150 perfiles en Facebook que ofrecen todo tipo de bebidas alcohólicas hasta con entrega a domicilio a la vista de todos y solapado por las autoridades.
“El clandestinaje y la venta en redes sociales lleva meses operando y de aplicarse una ley seca aumentaría su número: a mayor restricción, mayor corrupción, solamente le van a abrir las puertas al clandestinaje como se dio en la cuarentena, la cual se controló en parte con el horario que nos dieron de trabajar hasta las 10 de noche, pero el clandestinaje continua después de esa hora”, denunció.
Reiteró que esta restricción implicaría serias pérdidas para los negocios establecidos que se sumarán a las que ya tienen debido a esta pandemia, pues calculan que los fines de semana se estarían dejando de percibir más de seis millones de pesos en unos 200 establecimientos afiliados al organismo que encabeza y de los cuales dependen más de mil 400 fuentes de empleo.
“En la agrupación somos 220 negocios afiliados que generan más de mil 400 empleos que están en riesgo de perderse, las ventas han bajado, no se recuperan las pérdidas, la economía está desgastada, son más de seis millones de pesos en ventas que cada fin de semana dejarían de percibir los agremiados”, manifestó.
Por último indicó que las autoridades que buscan controlar el incremento de casos positivos de esta enfermedad deben de prohibir concentraciones en espacios públicos y el consumo en vía pública, aplicando sanciones severas y sancionando el clandestinaje.
