Influyentismo y corrupción en la Dirección de Patentes del Gobierno estatal

Chetumal, 6 de mayo
Especial

Amparándose en un acuerdo por el cual el estado otorga estímulos fiscales a establecimientos que produzcan o vendan “cerveza artesanal”, la directora de Licencias de Bebidas Alcohólicas de la Sefiplan, Layla Flores Terrazas, ha otorgado patentes para venta de alcohol a costos risibles que van de los 25 a los 40 mil pesos destinados a negocios ubicados en zonas turísticas, cuyo precio real supera los 200 mil pesos, continuando con la cadena de influyentismo y corrupción que la misma funcionaria tanto criticó del pasado gobierno borgista.

Y es que aún sigue fresco en la memoria de los chetumaleños el recuerdo de la “cacería” que emprendió Layla Flores contra negocios de venta de alcohol en sus diferentes modalidades el año pasado, lo que implicó el cierre temporal o definitivo de muchos de ellos, ya que acusó que más de 200 millones de pesos se regalaron durante el gobierno borgista que entregó patentes por amiguismo y compadrazgos de forma gratuita o a precios simbólicos, cuando estas tienen un valor promedio de 300 mil pesos.

Sin embargo, con documentos extraídos del portal de transparencia, se evidencia que Flores Terrazas ha incurrido en el mismo pecado, entregando permisos a supuestos “productores de cerveza artesanal” quienes se han hecho de dos y hasta tres patentes en lugares como Bacalar, Playa del Carmen, Holbox y Cozumel, por la ridícula cantidad de 25 mil pesos.

Entre los empresarios beneficiados por la política chetumaleña están Ricardo Alfonso Arellano Gallegos, a quien se le otorgaron en 2018 las patentes con números 11456, 11475 y 11361, a un costo de poco más de 30 mil pesos cada una. Ricardo Arellano Gallegos, Adriene Banka y Michael Janssen, son dueños de la cervecería artesanal en Cozumel llamada Punta Sur, donde presumen estar fabricando más de cinco mil litros al mes en un sistema de 3.75 barriles con una variedad de seis cervezas diferentes y con ingresos anuales estimados por más de cuatro millones de pesos, aunque las patentes les permiten vender también alcohol por copeo.

En este caso la Ley de Hacienda estatal establece que para la expedición de patentes en Cozumel se deberían de cobrar de 3 mil 780 a 3 mil 150 UMA´s, (entre 319 mil a 266 mil pesos), para establecimientos en zona turística y comercial.

Tan solo estas tres patentes representan un daño al erario público de miles de pesos, desnudando la complicidad y corrupción de esta oficina estatal al otorgar permisos a precios simbólicos a empresarios que ganan millones de pesos al año, ya que no solo venden sus productos, sino que en sus negocios se expenden cervezas de diferentes marcas, vinos y licores, y también todo tipo de tragos preparados, cuando el objetivo del estímulo fiscal es impulsar a las empresas locales que buscan iniciar un negocio y crear fuentes de empleo.

Información en poder del portal PolíticaQR.com demuestra que tan solo en 13 patentes entregadas en el 2018 hubo una afectación al erario estatal por casi un millón y medio de pesos que no ingresaron a las arcas gubernamentales, de la cual es responsable directa Layla Flores Terrazas.

Todas estas patentes están en ubicaciones de privilegio, en zonas turísticas, mientras que chetumaleños y quintanarroenses de municipios del sur que se han acercado a la oficina de Layla Flores aseguran que no se les ha brindado ningún tipo de apoyo para facilitar la adquisición de una patente con la finalidad de abrir un negocio.