EN ÓRBITA | Marcelo Salinas
@msalinas21
En una de sus conferencias matutinas de la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que, en seguridad pública, se constata una problemática de contrastes, que preocupa en Quintana Roo por diversos motivos.
Puso ejemplos: “En ciudades fronterizas como Tijuana los operativos han tenido éxito; sin embargo, en Ciudad Juárez no se han cumplido los objetivos. Lo mismo se refleja en los lugares turísticos, como Acapulco, donde hay avances, y Cancún, donde se batalla para recuperar el control de la seguridad (…) Todavía no podemos”, admitió a la prensa.
Desde que inició este año el gobierno federal tuvo que trasladar a aproximadamente 100 agentes de la División de Fuerzas Federales y Gendarmería al centro del país y a ciertas entidades para reforzar las tareas contra el “huachicoleo”. Así se redujo a 650 el número total de elementos federales asignados a cuatro plazas en Quintana Roo: Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y Othón P. Blanco, de los cuales sólo 250 estaban asignados a tareas operativas, y el resto, o sea 400, a tareas de investigación e inteligencia.
En el último mes, después de que se activara el fortalecimiento en 19 regiones determinadas por sus altos índices, más fuerzas federales fueron reasignadas y concentradas en Tijuana, Ciudad Juárez y Acapulco. Se ha podido calcular que están en nuestras calles unos 100.
Con ese número es imposible reducir la incidencia de un delito que es, precisamente, de índole federal. Porque son los delitos de alto impacto lo que mantienen más en zozobra a la sociedad quintanarroense; y entonces, bajo esa lógica, el desamparo no se justifica ante ninguna circunstancia.
El gobernador Carlos Joaquín González hizo dos declaraciones que dan esperanzas: para hoy lunes espera un informe que el presidente López Obrador ofrecería en torno al reforzamiento de la seguridad en nuestras zonas turísticas, así como lo hicieron en Acapulco, y está confiado que con la entrada en vigor de la Guardia Nacional (aprobada ya por el Congreso estatal) se puedan recuperar los efectivos y coordinarse con el Mando Único Policial.
En el fondo se aprecia: Primero, que en el ámbito político-institucional el gobierno de Joaquín González con la Federación, trabaja, avala y confía, pese a la tendencia adversa. Segundo, el gobierno de la República debe asumir su responsabilidad, al menos en su esfera, para revertir una situación que aquí no se le da tregua.
La confusión no puede propiciar más adelante un tiroteo cruzado de culpas por evidentes incumplimientos.
