La Feria | Salvador Camarena
El Financiero
En medio de la discusión para sacar adelante las leyes del nuevo modelo de seguridad pública, los legisladores de Morena estarían a punto de buscar modificaciones legales para regular a las empresas de seguridad privada que operan en el país.
Hay versiones que hablan de que en el Congreso de la Unión incluso se estaría por discutir un cambio más a la Constitución, a fin de darle esa potestad, la de regular la seguridad privada, al mismísimo ya saben quién, por lo que tendrían que modificar el Artículo 89 de la Constitución, que es el que establece facultades y obligaciones del Presidente de la República.
El cambio ha provocado que algunos de los actores involucrados en ese creciente sector respinguen, pues verían afectados sus muy discrecionales márgenes de maniobra.
En abril pasado, en la anterior legislatura, el PRI aprovechó su peso mayoritario en el Senado para sacar, de manera un tanto sorpresiva y con quejas de la entonces oposición, una ley que presuntamente regularía esas empresas.
Una nota de La Jornada de la sesión en que se aprobó la nueva ley apuntaba que “el presidente de la comisión de Seguridad Pública, el priista Ernesto Gándara, dijo que el objeto de esta ley es regular la seguridad privada ‘como auxiliar’ de la función pública de seguridad. Poner un orden en esa actividad, y definir claramente las competencias y la base de coordinación entre la Federación y las entidades federativas, con el fin de lograr la homologación a nivel nacional de los requisitos y modalidades”.
En esa ocasión, el sonorense puntualizó que en el país hay 6 mil empresas dedicadas a la seguridad privada, “pero únicamente 3 mil 640 están debidamente acreditadas. De ésas últimas, mil 232 cuentan con permiso federal y 2 mil 408, con permisos locales, y 2 mil 300 operan sin registro y sin personal certificado. Ese sector aporta el 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto y laboran más de 500 mil efectivos, que prestan 300 mil horas diarias de vigilancia”.
Un especialista consultado me explicó ayer que se puede decir que todas las corporaciones policíacas (municipales, estatales y federales) e incluso militares del país, apenas si tienen el mismo número de integrantes que aquellos que trabajan para empresas de seguridad privada, cuyo número calcula en 750 mil.
Aunque en la ley pasada por el Senado el 24 de abril ya se establece que los integrantes de las policías privadas pueden ser llamados a asistir a las autoridades en situaciones de emergencia o algunas labores de investigación y prevención del delito, el especialista consultado advirtió que no se puede echar mano así como así de esta especie de banca o reserva, porque su realidad está plagada de guardias que operan sin los debidos controles de confianza o sin la certificación de competencias policiales.
En esa sesión, el entonces senador Manuel Bartlett, de Morena, y hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, denunció que la ley aprobada ese abril era antifederalista y que incluso se abría la posibilidad a que las guardias privadas fueran usadas para el espionaje. Y si ya Bartlett se preocupa por el espionaje, pues qué decir.
Hoy, con una nueva realidad en el Congreso de la Unión, y en medio de la polémica por la inminente aprobación de la ley que instalará una Guardia Nacional donde las Fuerzas Armadas tendrán el rol principal, trasciende que Morena también se alista para meter mano en las compañías de seguridad privada (incluso ya se habla de que existe un anteproyecto).
El problema es si con una burocracia reducida como la que distinguirá (es un decir) a este gobierno federal, se podrá hacer frente al reto administrativo que es evaluar a esos cientos de miles de elementos que están en esas compañías privadas, cuando al mismo tiempo hay que poner en pie la Guardia Nacional que Andrés Manuel López Obrador quiere.
