Astillero | Julio Hernández López
La Jornada
Los dos movimientos de resistencia social que con más fuerza se manifestaron durante el peñismo (al menos, los de más difusión mediática) crearon las condiciones para que el triunfo electoral de una opción de cambio les permitiera echar abajo el entramado institucional que les era adverso: los familiares de los 43 lograron que se establezca una comisión buscadora de verdad y justicia y recibieron del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un compromiso inequívoco de voluntad política para esclarecer lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa y procurar castigo a los responsables; los profesores reunidos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación consiguieron el derribe de la llamada “reforma educativa”
, en la que Enrique Peña Nieto y sus operadores, sobre todo Aurelio Nuño (quien fue secretario de Educación Pública), invirtieron decenas de millones de pesos en propaganda y en maniobras de fallidas negociaciones, además de haber creado una sostenida tensión social que llegó a tener momentos de violencia política (un ejemplo grave en Nochixtlán, Oaxaca).
Conviene tener presente el carácter específico de ambos movimientos para valorar el cumplimiento de las primeras expectativas por parte del presidente López Obrador, pero, también, para no suponer que tales avances provienen de una voluntad individual salvífica o redentora o que dichos avances están garantizadamente exentos de maniobras o ajustes gubernamentales que pudiesen reactivar las protestas y la lucha de agrupaciones que han sobrevivido a los torrentes de declaraciones y buenas intenciones que no siempre llegan a los términos anunciados.
El anuncio hecho ayer por el presidente López Obrador cumple en lo básico lo convenido con ese magisterio disidente. En lo inmediato se desarma el llamado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en una decisión que de inmediato provocó declaraciones de la consejera presidenta de ese organismo, en el sentido de que AMLO atenta contra las instituciones “autónomas”
.
El tema de la “evaluación”
pasa a una fase formativa y ya no punitiva, según lo dicho ayer, pero en ese, como en otros puntos, la afinación de los detalles puede provocar diferendos. En otra arista del mismo problema, se informó de la liberación de activistas considerados presos políticos, mediante amnistía gubernamental.
Resulta extraña la decisión de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de no acompañar a plenitud la cruzada de su jefe político, el presidente López Obrador, contra los altos sueldos de la élite judicial. Beneficiaria de esos mismos salarios elevados que AMLO denuncia, la ministra en retiro ha decidido conservarlos y, dado que ahora tendría un doble sueldo, ya como titular de Bucareli, donará este ingreso a una casa-hogar para niños, en Querétaro.
Es decir, donará los 107 mil pesos que le corresponden como secretaria de Gobernación, pero mantendrá los más de 258 mil que provienen de su plaza como ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, es titular de una notaría pública en la que está de licencia. En los hechos políticos, la secretaria Sánchez Cordero ganará más del doble que el presidente de la República y, de esa manera, se mantiene en el flanco de los poderosos miembros de la élite judicial que ayer convinieron con los diputados de Morena mantener su facultad de asignarse los sueldos que consideren convenientes, y que las medidas de austeridad deseadas por AMLO se apliquen solamente a los futuros integrantes de esa cúpula del Poder Judicial federal.
En varios ámbitos del servicio público federal hay una mezcla de desconcierto y enojo por las medidas a rajatabla que ha aplicado la nueva administración gubernamental contra empleados que durante años cobraron mediante el régimen de honorarios y, ahora, han sido botados sin mayor consideración.
