Astillero | Julio Hernández López
La Jornada
El presidente electo no mostró apego a la estructura actual de dominio de las fuerzas armadas a la hora de designar a los futuros secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Las especulaciones inducidas desde oficinas del poder militar saliente no fueron satisfechas: no se escogió ninguna de las cartas particularmente promovidas como cercanas al general Salvador Cienfuegos y al almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.
A partir de esa toma de distancia es de esperarse que la aparición del bajacaliforniano Luis Cresencio Sandoval González como próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y del veracruzano José Rafael Ojeda Durán, en la Armada de México, signifiquen un progresivo desmantelamiento de las estructuras facciosas que durante varios sexenios han mantenido el poder militar en élites que por encima de sus diferencias, e incluso pleitos circunstanciales, han mantenido vigentes varias inercias negativas y han ejercido casi sin control real las facultades extralegales, e ilegales, que les ha adjudicado la “guerra contra el narcotráfico”
y el disparado gasto de operaciones por todo el país, en un contexto virtualmente ajeno a un verdadero escrutinio civil.
Las circunstancias difíciles que caracterizan el proceso de transferencia de poderes en esta etapa habrían hecho muy difícil cualquier intento de ir más allá de lo que el necesario pragmatismo recomendaría: Andrés Manuel López Obrador está sustituyendo un grupo por otro grupo; nombres, estilos y fidelidades diferentes pero sin proponer cambios sustanciales en el terreno hasta ahora intocado del funcionamiento de las fuerzas armadas. El tabasqueño se ha movido en el terreno de lo posible, no de lo deseable: eligió de entre la baraja castrense que le fue puesta a disposición y buscará consolidar un apoyo militar que lo acompañe en los procesos de cambio profundo que en otros ámbitos se planteen.
Habrá de verse si en el segundo tramo del gobierno obradorista, con un poder presidencial consolidado y ya remontados los momentos críticos, pudiera intentarse alguna modificación de fondo del esquema tradicional de las fuerzas armadas mexicanas. Por lo pronto, ya con los futuros mandos designados, será importante ir desactivando molestias y malos entendidos, conducir con cuidado el proceso de desaparición del Estado Mayor Presidencial y su asignación a otras áreas, adaptar a las preocupaciones y la visión andresina el hasta ahora casi autónomo actuar de las armas oficiales contra el crimen organizado y, sobre todo, garantizar la más absoluta fidelidad de esas armas hacia el Presidente de la República, cuya legitimidad es tan alta como la polémica que algunas de sus decisiones y declaraciones suscitan en ciertos ámbitos.
El polémico presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa dando cuerda a la campaña del Partido Republicano para las elecciones legislativas del mes entrante. Se enoja, exagera y amenaza respecto a la caravana de migrantes que partió de Honduras con la intención de llegar a la frontera sur del país imperial. Del falso beneplácito de un día atrás, por las medidas que iba tomando el gobierno mexicano, en consonancia con los “acuerdos”
habidos con Mike Pompeo, ha pasado el rubio magnate al enojo porque la policía y el Ejército mexicanos “no han sido capaces”
de frenar (obviamente, por la fuerza) el tránsito de una marcha que conforme avanza va ganando más fuerza social y más presencia mediática.
El peñismo ha respondido con previsibilidad discursiva (“a México no se le presiona”
, etcétera) y con cuidado operativo: la Policía Federal no ha recibido órdenes de impedir a cualquier costo el progreso de la mencionada caravana. López Obrador mantiene una postura precavida que su condición de electo le permite: ofrece visas de trabajo y respeto a los derechos humanos, pero sin confrontar el discurso y las posturas del electoralmente indignado Trump.
