Astillero | Julio Hernández López
La Jornada
El joven Bruno “Z”
(su apellido ha sido difundido en redes sociales, pero él ha preferido usar sólo la inicial en una de sus propias cuentas de Internet) fue agraviado de manera prepotente y clasista por una pareja de presuntos socios de un establecimiento comercial, a cuyas afueras el joven se había instalado con un carrito de venta de marquesitas (aunque, originalmente, se habló de venta de nieves): la mujer, armada con un pequeño bate, azuzó, amagó y cubrió al hombre que, desbordado, animalesco, golpeó una y otra vez al mencionado Bruno e incluso intentó asfixiarlo.
Conforme a la incomprensible costumbre de apodar a personajes siniestros y nauseabundos con denominaciones reverenciales (“lord”
y “lady”
, en lugar de las secas palabras que en español pueden aplicarse con rigor a los merecedores de ser enviados al reino de la escatología: mierdas, por ejemplo, aplicable a ambos géneros), a Ricardo Barradas lo apodaron “lord Maestro Limpio”
, en función de su marcada calvicie, y a la acompañante, Adriana “Pks”
, como “lady Bat”
, socios, ambos, del restaurante Pacífico Terraza, que con rapidez se desmarcó de la pareja que el domingo tuvo en redes sociales gran difusión negativa a causa de lo que habían hecho un día atrás.
Sin embargo, a pesar de la evidencia de lesiones no superficiales, y del riesgo de un daño grave en uno de los ojos del joven Bruno, la pareja agresora llegó a un “acuerdo reparatorio”
en instancias ministeriales del estado de México (instancias, como todo mundo sabe, siempre susceptibles de moverse al sonoro rugir de un billete) y en un abrir y cerrar de ojos quedaron Ricardo y Adriana en libertad, mientras Bruno tardaba en emitir (lo que hizo hasta el lunes) un escrito de generoso conformismo en el que acepta los hechos sin mayor reproche y se alista a reanudar más adelante, en cuanto su salud se lo permita, la venta de los dulces productos cuya paternidad es adjudicada a un comerciante de Mérida, Yucatán, desde hace más de 70 años.
Lo sucedido en esas calles de Naucalpan, estado de México, y luego en los arreglos “reparatorios”
, constituye una lección social imperiosa: todo se puede hacer en México, y “arreglarlo”
, con el poder del dinero. El Estado mexicano, en sus distintas jurisdicciones, ha renunciado a su obligación esencial de procurar justicia y garantizar paz social pues, a través de un nuevo sistema penal y sus fórmulas de “acuerdo”
entre agresores y agredidos, entre delincuentes y víctimas, se lava las manos y permite que delitos contra la integridad de las personas y quebrantos graves de la convivencia entre ciudadanos sean “superados”
mediante el uso de dinero, influencias y tretas.
En Monterrey, por su parte, una de las aficiones futboleras más elogiadas por su apego a los colores de sus clubes (las del Monterrey y de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León) se vio manchada con sangre proveniente del fanatismo deportivo y el salvajismo de manada. Lo extraordinario, en realidad, es que hasta ahora no se haya producido una tragedia mayor a la del joven acuchillado y, aún a la hora de teclear esta columna, en grave estado de salud.
Las autoridades, comenzando por las de la Federación Mexicana de Futbol (dominada por Televisa) y las de los clubes en particular, han permitido el desarrollo y crecimiento de una violencia amparada en presuntas pasiones deportivas. Tiempo es de que se frene la subvención y apoyo a “barras”
(término proveniente de Sudamérica, en lugar de las mexicanas “porras”
) y que se tomen medidas eficaces para impedir esa violencia que, ciertamente, refleja el ánimo social más que crispado en que vive el país, pero en el caso del futbol profesional toma dimensiones mayores.
Alfonso Navarrete Prida tuiteó “Este mediodía recibí en la @SEGOB_mx a la cantante y actriz @belindapop a quien le informé que para ella no es aplicable el artículo 33 de la Constitución, cuya finalidad atiende a otro tipo de conductas y circunstancias”. Deferencia y prontitud, extrañas en una secretaría usualmente asediada por mexicanos que por miles han demandado información y aplicación de las leyes.
