Chetumal, 30 de agosto
Joana Maldonado | La Jornada Maya
Estaremos a la expectativa de cómo avanza la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso del desfalco de la empresa Vip Servicios Aéreos Ejecutivos porque faltan los principales responsables, indicó el diputado Emiliano Ramos Hernández. El legislador independiente afirmó que en la revisión de las cuentas públicas, analizarán además cómo opera la compañía durante esta administración.
Tras la detención del noveno implicado en el desvío de más de mil millones de pesos en la empresa Vip Saesa durante el gobierno de Roberto Borge, Emiliano Ramos, quien presentó las primeras pesquisas sobre el caso durante las comparecencias de los ex funcionarios en 2016, destacó que es uno de los casos más avanzados en la FGE.
No obstante, afirmó que hay más servidores públicos a quienes está pendiente de ejecutarse las órdenes de aprehensión, incluidos el ex gobernador, dos ex secretarios de gobierno y un titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de quienes omitió sus nombres.
“Faltan otros funcionarios, estamos a la expectativa de ver cómo va la Fiscalía, pero es una en la que más se ha avanzado, evidentemente faltan los responsables que no han sido detenidos, por obviedad no puedo revelar nombres”, expresó.
Añadió que por otro lado, se encuentran pendientes los procesos resarcitorios que corresponden a la Auditoría Superior del Estado, que son conductas que más allá de la vía penal, se orientan al uso indebido de funciones y recursos que puede generar procesos administrativos hasta la inhabilitación. Anticipó que la semana próxima estará buscando una reunión con el auditor para revisar avances en los procesos resarcitorios y si ya existen inhabilitaciones.
Dijo también que en la revisión de las cuentas públicas del 2017, que inicia a partir de finales de septiembre, se conocerán si hay observaciones de la presente administración.
Finalmente, aseguró que lo importante es que la acción de la justicia se aplique y que se detenga a todos los funcionarios, de los 84 que denunció la Auditoría Superior del Estado el año pasado.
