Opinión | Edna Jaime
El Financiero
La consulta pública sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), programada para octubre, con la que AMLO deja a la ciudadanía la decisión sobre el futuro de la obra, refleja el problema de fondo que existe en la gestión de la obra pública en México: el gobierno no es un buen ejecutor de obra pública. Más que eso, destruye valor cuando lo intenta.
La inversión en infraestructura física en este país no es el motor de desarrollo económico y de bienestar social que debiera ser. La evidencia disponible muestra que los recursos públicos que se han canalizado a la inversión física de 2009 a 2014 aumentaron en términos reales, pero el valor de la inversión decreció consistentemente.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que el gasto en inversión física se incrementó de 658 mil 200 millones de pesos (mdp), en 2009, a 820 mil mdp, en 2014, pero el valor de estas inversiones bajó de 866 mil 300 mdp a 691 mil 800 millones en el mismo periodo de acuerdo con el análisis del INEGI.
En el caso del NAIM, el costo de construcción se ha incrementado de 169 mil millones de pesos (mmdp), en 2014, a 300 mmdp este año y presenta un retraso en la construcción de por lo menos cuatro años, según Javier Jiménez Espriú, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes propuesto para la siguiente administración.
El dinero público erogado en obra pública no se invierte eficazmente ni se ejecuta eficientemente. Esta mala ejecución se realiza en todas las etapas de la obra pública, desde el diagnóstico y planeación hasta la construcción misma.
La infraestructura pública es fundamental para el crecimiento del país. Por eso, debe ser resultado de una estrategia que garantice que los proyectos se encuentren alineados a las prioridades nacionales y asegurar que generen el mayor valor económico y social por peso invertido.
Idealmente su desarrollo debe de basarse en diagnósticos validados por un cuerpo técnico, pero no existe ni siquiera un documento base que establezca las necesidades de infraestructura a nivel nacional. Tanto en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI), como los Planes Regionales de Desarrollo sólo incluyen secciones breves de diagnóstico. El PNI es revisado por el Congreso, pero éste no cuenta con un equipo técnico especializado para realizar esta revisión de manera informada. Este es el problema de fondo. El gobierno no cuenta con las capacidades que se necesitan para desarrollar infraestructura física rentable, promotora del desarrollo.
Los accidentados procesos de ejecución en la obra pública están ligados a malos diagnósticos, mala planeación, estudios previos de rentabilidad y factibilidad malhechos, y a un sin fin de tropiezos en el ciclo completo de construcción, además de que es un sector particularmente vulnerable a la corrupción. En este ámbito aplica bien el dicho de que “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
Esto tiene implicaciones graves, como reveló la investigación que llevó acabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las condiciones de ejecución de 80 proyectos realizados entre 1999 y 2010. La ASF encontró que en todas estas obras se habían registrado “ajustes sustantivos” durante su ejecución, tanto en monto de recursos como en los tiempos de entrega, lo que provocó que, en promedio, el costo aumentara 36.3 por ciento y tardaran 126 por ciento más de lo programado para concluirse.
Si de verdad quieren mejorar las cosas, se tiene que llegar al fondo del problema y concentrar los esfuerzos en arreglar las fallas en esos ámbitos, con medidas puntuales que permitan recuperar la capacidad que se ha perdido. En este tema sí tuvimos un buen pasado. Un gobierno con buenas capacidades para administrar proyectos de infraestructura complejos, que le dieron al país el pase a la modernidad. Este es el tema. Cómo recuperamos capacidades para planear la infraestructura del país de acuerdo con un objetivo de desarrollo, cómo filtramos proyectos que son ocurrencias y cómo le damos racionalidad y efectividad a todo el ciclo de la obra pública.
Si el próximo gobierno no tiene esto en el radar, esperemos más de lo mismo. Que en unos años el Tren Maya y otros proyectos emblemáticos de esta administración se encuentren en problemas. Y que, en seis años, un nuevo gobierno someta a consulta la conclusión de esta obra, cuando su costo se haya duplicado y su ejecución esté a medias. En ese momento el encabezado del artículo podría ser: El Tren Maya es sólo la punta del iceberg.
