Chetumal, 25 de octubre
Anwar Moguel
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio León Ruiz, reconoció que existe un grave rezago en la emisión de sentencias de personas que están presas en las cárceles estatales, algunas de ellas con muchos años en proceso.
“En el tema de justicia penal tradicional existe un gran rezago en cuestión de sentencias, estamos trabajando con la visitaduría para saber caso por caso como están los procesos de estas personas y sobre todo las que se encuentran detenidas, buscaremos que se acelere el procedimiento y se dicte su sentencia y se lleve a cabo a través de la defensoría pública, ya que muy pocos cuentan con recursos económicos para pagar una defensa”, indicó.
León Ruiz señaló que tiene fijado un plazo de un año para abatir este abultado rezago penal, ya que posterior a ello el Poder Judicial pondrá en funcionamiento la Justicia Laboral, ante la inminente desaparición de las Juntas locales de Conciliación y Arbitraje
Y es que según las cifras dadas a conocer, de cada 10 internos en las cárceles del estado, siete no cuentan con una sentencia pese a que llevan meses o incluso años recluidos. “Tan solo en Playa del Carmen hay mil 600 procesos, 600 activos, 600 sentencias pendientes por dictar y 600 órdenes de aprehensión por dictar por el sistema antiguo, pero te informo, la meta es que en un año nos ponemos al día, el sistema penal tradicional empieza a fenecer pero aun así tenemos mucho rezago y lo vamos a abatir”, aseveró el magistrado.
Respecto al funcionamiento de los juzgados laborales que pondrán en marcha y que absorberán las funciones de las Juntas locales de Conciliación, el titular del Tribunal Superior consideró que estos podrían entrar en funciones hasta el 2019, ya que se espera que en febrero de 2018 se dé la reforma federal para crear el Código Nacional de Justicia Laboral, y luego las legislaturas locales realicen también sus reformas.
“El banderazo de salida lo dará la iniciativa federal, una vez que llegue a la cámara de diputados o senadores, serán los representantes de los diversos partidos políticos que aprueben el dictamen. El plazo es hasta febrero, no para que estén funcionando los juzgados, es partir de ese mes que entran las reformas locales, por eso el objetivo de un año para abatir el rezago penal, para que dentro de un año cuando estemos iniciando la justicia laboral con juzgados, no existirá un choque de funciones con las juntas, por que estas desparecerán”, explicó.
